San Martín de Porres

San Martín de Porres, el renacimiento de un barrio de Córdoba

Cambiar por completo un barrio que suma casi dos mil pisos y en el que viven unos seis mil vecinos escomplicado, sobre todo cuando a las obras de los bloques y los espacios comunes se suma la rehabilitaciónsocial de una zona deprimida en la que la integración de sus habitantes con el resto de la ciudad es una tarea pendiente. Éste es el objetivo del plan ideado por el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía para la barriada de San Martín de Porres, que experimenta desde febrero de 2004 un proceso de rehabilitación integral, cuyo proyecto ha sido uno de los elegidos para representar a España en la VIII edición del Concurso Internacional de Buenas Prácticas de las Naciones Unidas.

La barriada de San Martín de Porres, en el Distrito Sur de Córdoba, nació en los primeros años de los sesenta en la margen izquierda del Guadalquivir por iniciativa de las obras sociales Huertos Familiares y Sindical del Hogar. Ambas entidades, de carácter benéfico, encargaron a Rafael de la Hoz una gran zona residencial que este arquitecto cordobés resolvió con una organización espacial dividida en tres sectores, atravesados por tres grandes avenidas que recibieron los nombres de Motril, Torremolinos y Marbella.

Con esa idea se construyeron 96 bloques de cinco plantas cada uno; en total 1.920 pisos de apenas cincuenta metros cuadrados, con tres dormitorios. Fueron edificados con gran economía de recursos y equipamientos, sin apenas espacios verdes y separados del resto de la ciudad por carreteras, viales ferroviarios y barrancos; circunstancias, todas ellas, que agudizaron su aislamiento.

Por aquellos años ésta era la solución a las situaciones de chabolismo que comenzaban a aparecer en la periferia de las grandes ciudades: trasladar a esas capas desfavorecidas de la población a polígonos separados de las zonas de trabajo, consumo y servicios, provocando su segregación de hecho.

Pasan los años
Transcurridas varias décadas sin apenas inversión y con un proceso de deterioro imparable, las distintas administraciones tomaron la iniciativa y realizaron el diagnóstico de un barrio donde los pisos, que comenzaron siendo de alquiler, ahora se encontraban en una situación administrativa algo irregular después de
extrañas y sucesivas transmisiones o de polémicas ocupaciones. Estas irregularidades se han ido solventando poco a poco hasta conseguir que casi todos los vecinos tengan su correspondiente escritura de propiedad.

Había pasado el tiempo y San Martín de Porres seguía siendo una barriada aislada del resto de Córdoba, y sus problemas sociales se habían ido incrementando. A todo esto se unía el deterioro de los espacios públicos y de los equipamientos, a pesar de algunos esfuerzos que acercaron al barrio algún que otro centro educativo, deportivo o de ocio. Para el delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Francisco García, se trataba de “uno de los barrios más degradados y con peor fama de Córdoba, en el que sus vecinos tenían muy poca autoestima al vivir en un entorno demasiado hostil”.

Uno de los problemas fundamentales en ese diagnóstico del barrio fue la falta de seguridad ciudadana, asunto que había que solucionar con urgencia para poder normalizar la vida y la convivencia, ya que todas las encuestas realizadas antes de la intervención situaban la inseguridad, la drogodependencia y el paro como los
principales problemas de la zona. Esta situación la reconoce Antonio Rojas, presidente de la Asociación de Vecinos Huertos Familiares, que también se lamenta de la “imagen estereotipada que se daba por entonces de una barriada de gente humilde donde podría haber algún delincuente, pero que en su mayoría estaba integrada por vecinos que eran y que son gente trabajadora”.

Estrategias de futuro
La Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, y el Ayuntamiento de Córdoba acordaron hace seis años realizar una rehabilitación integral de San Martín de Porres, una actuación que iba a costar más de 45 millones de euros y que consistiría en la reurbanización de la barriada, la rehabilitación de las viviendas, la dotación de nuevos equipamientos, la regeneración de espacios intermedios, la mejora de la accesibilidad y la puesta en marcha de nuevos servicios, como comercios, bares y cafeterías, establecimientos de los que paradójicamente carecía el barrio. En definitiva, según Francisco García, se trataba de “ayudar económicamente, mejorando el entorno de unos ciudadanos sin recursos”.

Pero el plan era de rehabilitación integral.
Por eso, muchos de los aspectos más importantes de esta estrategia de futuro se encuadraban dentro de las acciones sociales “porque también hay que cambiar y educar en muchos casos a las familias que allí residen”, afirma el delegado. García enumera algunos programas de integración, como los de formación profesional de cara a la posterior inserción en el mercado de trabajo, los de creación de comunidades de vecinos, los programas que eviten el absentismo escolar y los talleres de alfabetización de adultos; unas actuaciones sociales, en fin, que “en la mayoría de los casos se están retrasando, porque antes hay que llevar a cabo toda la obra”, añade el presidente de la Asociación de Vecinos Huertos Familiares, que también reconoce que “sería bueno compatibilizar ambas iniciativas”.

Manos a la obra
Todo comenzó con un primer Programa de Actuación, redactado por la Consejería de Vivienda y el Ayuntamiento de Córdoba en 2003, para rehabilitar los 25 bloques de pisos del Sector Torremolinos, una idea que se extendió más tarde al resto del barrio y a todas las viviendas, las calles, las plazas y los equipamientos.

Para encauzar el inmenso trabajo que se avecinaba se incluyó la barriada en los programas autonómicos de Rehabilitación Integral de Barriadas, y la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) creó una Oficina de Gestión en la zona donde un equipo interdisciplinar daba atención personalizada a los vecinos.

El Ayuntamiento, a través de la empresa pública municipal VIMCORSA, se ha encargado de la reurbanización y de la construcción de todos los equipamientos, trabajo que ha adelantado con la remodelación de los sectores Motril y Los Dolores, antes incluso de que la Junta de Andalucía declarase al barrio Área de Rehabilitación Integral. Paralelamente, se ha subdividido el espacio libre que dejan los bloques de pisos y se han construido calles, aparcamientos y aceras, infraestructuras imprescindibles de las que carecía San Martín de Porres. Aunque una de las intervenciones municipales más llamativas ha sido la remodelación de la Plaza del Mediodía que enlaza el barrio con el resto de Córdoba, y especialmente la Avenida de Granada, con el núcleo central de la barriada.

El municipio también se hizo cargo de la rehabilitación del interior de las viviendas de los sectores Motril y Los Dolores, mientras que la Obra Social Huertos Familiares se quedaba con el sector Torremolinos, responsabilidad que cedió a la consejería a cambio de cinco parcelas de suelo en la zona para futuros equipamientos.

Pero sin duda el trabajo más complicado y caro corresponde a la Junta de Andalucía. Para Francisco García es “una actuación emblemática y de las de mayor impacto de Andalucía, pues actúa bloque a bloque, rehabilitando tejados, escaleras, instalaciones de luz y agua, fachadas y, sobre todo, está dotando a todos los bloques de un ascensor para conseguir que los vecinos tengan una vida más cómoda”. Son obras muy complicadas porque se realizan mientras los inquilinos siguen viviendo en sus casas, con lo que ello supone para el normal desarrollo de tanta intervención, desencuentros entre los vecinos y la Administración que se liman a diario por medio del diálogo y de la mediación de la Oficina de Gestión de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA).

El orden de intervención en los 96 bloques se estableció según la disponibilidad de los propios vecinos, que debieron acordar antes la obra, aceptando eliminar ampliaciones irregulares o elementos privativos que se habían normalizado con el paso del tiempo. Además, los vecinos, debían aprobar de común acuerdo la instalación del ascensor, comprometiéndose a pagar un 25% del total de su precio.

El coste medio de la rehabilitación de las zonas comunes de un bloque, incluido el ascensor, asciende a unos 250.000 euros, de los que la comunidad de propietarios abona 6.000 en concepto del 25% del precio del elevador, “una cantidad más que razonable”, dice Antonio Rojas, que también reconoce que ésta “era la única alternativa que había para poder asumir un coste que, en algunos casos, se paga con mucho esfuerzo, debido a la situación socioeconómica de las familias, muchas de la cuales están afectadas por el paro”.

Un primer balance
El proyecto de Rehabilitación Integral de la Barriada de San Martín de Porres ya está ejecutado en más del 60% del total. Este proceso está cambiando completamente la imagen de esa zona del sur de la ciudad y también está mejorando sus condiciones de habitabilidad, afirmaciones que comparte el presidente de la Asociación de Vecinos Huertos Familiares, que mira orgulloso los cambios del barrio que “cualquiera puede comprobar día a día, mes a mes, año a año desde la carretera de Granada”.

De los 96 bloques, se han terminado completamente 31 —que albergan 620 pisos— y están en ejecución  tros 39, con 780 viviendas más. Queda por actuar en el resto de los 26 bloques y 520 pisos, cuyos proyectos están en fase de licitación.

Además de la rehabilitación de los edificios, se han reformado completamente 137 pisos que, por su mal estado, se consideraron como “infraviviendas”; se ha vuelto a urbanizar todo el entorno dotándolo de zonas verdes y se han realizado obras en 77 bloques para lograr la adecuación de los patios privados. Y dentro del capítulo de regeneración social, durante estos seis años se ha fomentado el asociacionismo hasta constituir 80 comunidades de vecinos.

Cuando dentro de un par de años acabe el programa “se habrán conseguido todos los objetivos marcados en este proyecto pionero de rehabilitación integral de todo un barrio”, añade satisfecho Francisco García antes de hacer cuentas. “Al acabar, todo habrá costado casi 46 millones de euros, de los que 27 habrán sido aportados por la Junta de Andalucía; 15,6, por el Ayuntamiento, y 2,2, por los propietarios, un dinero necesario para un cambio arquitectónico, urbanístico, económico y social del que ya están tomando nota en otras ciudades”. 

Articulo publicado en la Revista Sierra Albarrana (http://www.enresa.es/files/multimedios/SA126.pdf)